MILLONARIO DESFALCO

Detectan desfalco de 533 millones en gobierno de Zapata

La Contraloría presentará 26 denuncias por irregularidades financieras y desaparición de bienes muebles

¡Se llevaron hasta una incubadora!

Estos y otros encabezados utilizaron los medios impresos y digitales para dar la noticia de algo que se sabía desde mediados del 2017, cuando los tiempos electorales estaban en efervescencia, sin embargo, el poder político y económico acallaron toda denuncia que se dio en este sentido. Las dependencias usaban a diestra y siniestra los recursos para garantizarle el triunfo al partido en poder.

De nada sirvió tanto dispendio, ni las plazas que repartió el gobierno precisamente en las dependencias que hoy están en el ojo del huracán, pues al final se impuso el voto ciudadano para desahogar su hartazgo y sacar del poder a quienes ya era muy evidente su corrupta actuación.

Fue el día de ayer cuando el gobierno del Estado que encabeza Mauricio Vila llegaba a sus primeros 100 días anuncio por medio de Lizbeth Basto Avilés titular de la Secretaría de la Contraloría General (Secogey) que se han detectó irregularidades financieras por aproximadamente 533 millones de pesos en la gestión de su antecesor Rolando Zapata Bello, así como faltantes de bienes muebles en diversas dependencias, incluida una incubadora.

La funcionaria añadió que el próximo día 14 del mes en curso interpondrá seis denuncias por la “millonaria inconsistencia” económica y otras 20 por los objetos que no aparecen. las están siendo integradas con toda la documentación correspondiente y serán presentadas ante los órganos correspondientes, tales como la Vice fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Este pomposo anuncio se da en medio de la incertidumbre que generan los conceptos utilizados por la Contralora, como son “irregularidades financieras” “faltantes de muebles”  y en ningún momento afirma la existencia de algún delito tipificado en las leyes, además es sabido que conscientes de sus fechorías el gobierno anterior se blindó con un vice fiscal anticorrupción a modo, y un comisionado en del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), y por si hubiera duda, al contador Mario Can desde la Auditoria Superior del Estado, que estará cuidándoles las espaldas por un periodo de siete años tiempo suficiente para que sus delitos prescriban. Hay que señalar con énfasis que la ASEY es la responsable de fiscalizar todas esas irregularidades y si en su momento no las detecto no correcto que sea el mismo órgano que las vuelva a investigar, sería algo absurdo pues en su momento no cumplió con su deber y deja mucho que desear su eficacia en su labor fiscalizadora.

Abundando en estos hechos la funcionaria explicó que descubrieron estas anomalías durante el análisis de casi dos mil expedientes de los procesos de entrega-recepción del gobierno estatal, principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), de Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).

“Sólo en estos casos, el monto de las irregularidades a denunciar asciende a aproximadamente 533 millones de pesos, que inicialmente darán lugar a seis denuncias”, recalcó Basto Avilés.

Agregó que presentarán al menos otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas. Las dependencias involucradas, además de las ya mencionadas, son las Secretarías General de Gobierno (SGG), de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y de Fomento Turístico (Sefotur).

También, los Institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy) y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey).

Asimismo, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior Progreso, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) y el Hospital Comunitario de Peto.

“Tan sólo en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos y mobiliario y equipo administrativo”, informó Basto Avilés.

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y de Desarrollo Social (Sedesol), así como los Institutos de Infraestructura Carretera (Incay) y para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy), y otras más en la SSY, las cuales ascenderían a 160 millones de pesos.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la revisión de la cuenta pública 2017, ha instruido fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como el Seguro Popular y Escuelas al Cien, y Fondos como el de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Social, Aportaciones a los Servicios de Salud y de Fortalecimiento de Entidades Federativas. De acuerdo con sus facultades, la Secogey hará las tipificaciones correspondientes a las y los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la ASEY para que aplique las sanciones, según sea el caso.

Facebook Comments